Que a la venda que debería tapar los ojos de la Sra. Justicia, en la Argentina le cuesta horrores vencer a la fuerza de gravedad, no es ninguna novedad. Pero tengo la impresión de que últimamente los jueces a los que las venda se les derrumba, también han perdido el sentido de la propiedad y la discreción. No me cabe la menor duda de que a todos nos debe haber, por lo menos, sorprendido el fallo que objeta a las cinco candidatas bonaerenses de la lista de Unión-Pro. No tanto por la validez de sus domicilios legales y demás exigencias (información que intenté cotejar pero me encontré con que el Poder Judicial ha cerrado el acceso a consultas del padrón electoral hasta el 29 de mayo - tampoco nos dejan ver los viejos padrones). No. Lo que de veras me cacheteó fue que, a cara de piedra y sin que se le caiga una sola pestaña, el mismo juez que validara la legalidad del muy recientemente modificado domicilio del expresidente Néstor Carlos Kirchner, se animara a poner la frente en alto para cuestionar los domicilios legales de las candidatas opositoras.
Al parecer, al juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, don Manuel Humberto Blanco, habría olvidado el principio irrenunciable de igualdad ante la ley. Es decir: si optó por validar la residencia de un candidato (a pesar de que está demostrado y probado que no cumple con el período mínimo de dos años previos), podemos suponer, porque considera importante privilegiar un bien mayor que, podría ser, el de no caer siquiera en la sospecha de la proscripción; debería aplicar el mismo concepto a los candidatos de todas las listas.
Lo que vale para uno, debería valer para todos. De lo contrario los derechos dejan de ser tales y se vuelven privilegios y uno de los pilares de la democracia, el estado de derecho, se hace añicos ante nuestros propios ojos.
Tres años atrás tuve el placer de escuchar una charla de Oscar Vilhena, abogado brasilero especializado en Derechos Humanos y profesor de la Escuela de Derecho de la Fundación Gétulio Vargas en la ciudad de San Pablo. Habló sobre uno de sus temas favoritos: “El Estado de derecho en America Latina”.
Para Vilhena “el problema central del estado de derecho en nuestra región es que nosotros tenemos una percepción de la fragilidad del sistema de derecho". Definió el estado de derecho como “una situación donde cada uno de nosotros tomamos el derecho como una razón para la determinación de nuestra conducta” y señaló que en, América Latina, “es una percepción bastante consolidada que la transición hacia la democracia fue parcial. Faltó la parte relativa al estado de derecho”.
Para Vilhena, “la alternativa (para la construcción de un estado de derecho) es la construcción de un estado democrático constitucional en el que las personas son un fin en sí mismas. Todo proyecto debe darse a partir de que las personas son autónomas y por lo tanto las decisoras de su futuro, en un marco de valores. Tenemos que des-invisibilizar a los invisibles, des-demonizar a los demonizados y des-privilegiar a los intocables. Necesitamos una reconfiguración del tejido social para la construcción del estado de derecho.”
Y por más que lo intento, no logro esquivar una pregunta que me muerde la punta de la nariz de madura que está: si todos estamos de acuerdo en que para la consolidación de la democracia es necesario el estado de derecho; si para que eso suceda necesitamos no sólo la división y la independencia de cada uno de los poderes del Estado sino que esos poderes se enfoquen en el rol que les compete, y si el rol que le compete al Poder Judicial es velar por el cumplimiento de la ley… ¿qué hace don Manuel Humberto Blanco dentro del Poder Judicial?
¿Sabés dónde puedo conseguirle vendas nuevas a la Justicia?
Lilly
* Ilustración del caricaturista mexicano Rafael Barajas, Fisgón
