Muchas movidas para que todo siga igual. Esa sería la frase que resume los "profundos" cambios de gabinete aplicados por la Presidente de la Nación, en respuesta a la aplastante derrota electoral del 28 de junio. Derrota que, ella ha decidido, sólo habría sido efectiva en la provincia de Buenos Aires y "por muy poquititos puntos".
Y mientras nos recuperamos de las fracturas de costilla que nos dejaron las carcajadas provocadas por aquella oprobiosa conferencia de prensa, la señora nos distrae con el circo de sus mohínes de niña pícara y, detrás de escena, fabrica proyectos que le traigan por ley lo que no consiguió con las urnas. Por un lado nos tira un caramelo lanzando un "llamado al diálogo", sin dar pista alguna acerca de qué habla y sin invitar a nadie en concreto. Por el otro pone a sus centuriones, el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el recientemente promovido Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a trabajar en un proyecto de ley para promover la famosa "reforma política" que mucho paño ha dado para discursos pero de la que jamás dió ninguna pista.
Según los analistas políticos, el proyecto de ley que elaboran para esta famosa reforma tendría dos puntos clave:
1- Obligar a los partidos a sostener internas abiertas y simultáneas.
2- Limitar la "proliferación" de partidos políticos.
El primer punto suena demasiado a una invasión del Estado sobre instituciones que, si bien están abiertas al público, no son organismos del Estado. ¿Quién es la Presidente de la Nación para decidir cómo deben ser elegidos los candidatos y cuándo? Por otra parte, parece ridículo insistir con una ley que ya fue dictada en 2002 y que el actual Presidente Consorte, en esos días en ejercicio efectivo de la Presidencia de la Nación, fue el primero en violar al elegir a dedo a su mujer como candidata del Partido Justicialista por el Frente para la Victoria.
Demoracia... ¡cuántas perversiones se han hecho usando su nombre en vano!
El segundo punto es el que más me preocupa. ¿Cómo podemos tratar de construir una democracia si la legislación se orienta a reducir la cantidad de voces a las mínimas? ¿Cómo podemos promover desarrollo si vastos sectores de la sociedad son desprovistos del derecho de elegir a alguien que represente sus ideas, sus perspectivas?
No será ésta la única vez que los que se consideran a si mismos parte de la voz mayoritaria, hacen lo posible para eliminar las disidencia por ley. Ya mencioné en el artículo del 29 de junio (El aplastante triunfo del Sr. Abstención) que en el famosos Pacto de Olivos, justicialistas y radicales estuvieron de acuerdo en modificar la ley electoral para que no se contabilizan los votos en blanco y éstos beneficien a la primera mayoría. Además, se mandaron un pequeño cambio cosmético por el cual no somos los ciudadanos los representados sino los partidos. Y nos vendieron ésto envuelto en un paquete como "bipartidismo, señal de madurez política".
A ésto hay que agregar que la Ley Orgánica de Partidos exige que toda fuerza política que quiera registrarse como tal tiene que demostrar "la adhesión de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4 %0) del total de los inscriptos en el registro electoral del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón (1.000.000)". Eso significa que ningún ciudadano puede presentarse como candidato a nada si antes no registra ante la autoridad competente que tiene un millón de amigos dispuestos a jugarse por él en el cuarto oscuro. ¡Menudo desafío!
Si con ésto, a juicio de la Presidente de la Nación, no se ha "limitado la proliferación de partidos", ni me animo a imaginar qué nuevas artimañas se estarán pergeñando.
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Mientras los legisladores del Congreso Nacional de la República Argentina debaten acerca de qué posición tomarán ante los superpoderes otorgados al Poder Ejecutivo de nuestro país (que vencen ahora en agosto), yo sólo quiero recordarles lo que establece nuestra Constitución Nacional:
